
06/07/2011 : En los próximos días se conocerán los resultados de los análisis genéticos ordenados por la justicia en la causa “Noble” y es posible que, luego de tantas injustificadas dilaciones, finalmente se conozca la verdad.
Este hecho, independientemente de cual sea el resultado, es decir, si se confirma o no que estos jóvenes son hijos de desaparecidos, representa un importante triunfo de la lucha de las Abuelas.
Llegar a la verdad en este caso implica un significativo aporte a la consolidación de un Estado de derecho en el que la ley se cumpla igual para todos, sin excepciones en función del poder de las personas que puedan estar implicadas en un hecho presuntamente delictivo.
Significa también que el Estado argentino se ha tomado en serio sus obligaciones internacionales de investigar diligentemente hechos que pueden constituir graves violaciones a los derechos humanos.
Por último, a partir de este resultado, podrá concluir la incertidumbre y la angustia que viven cientos de abuelas y de familiares de desaparecidos que, desde hace más de tres décadas, buscan a sus seres queridos arrebatados por la dictadura militar y tienen razones para sospechar que Marcela y Felipe pueden ser alguno de ellos.
En los primeros meses de esta investigación se demostraron las falsedades existentes en los expedientes de adopción de Marcela y Felipe, los que tramitaron ilegalmente en un juzgado que tiene antecedentes de haber entregado a otro hijo de desaparecidos.
La propia Ernestina Herrera de Noble admitió, en una carta publicada en Clarín el 11 de enero de 2003, la posibilidad de que los jóvenes y sus padres “hayan sido víctimas de la represión ilegal”.
Sin embargo, Marcela y Felipe y el enorme equipo de abogados que trabajan para la dueña del Grupo Clarín ejercieron una resistencia tan fuerte como incomprensible a colaborar con la justicia para que se esclareciera definitivamente este hecho.
Toda su estrategia en la causa consistió en dilatar la realización de las pruebas genéticas que ahora están a punto de concretarse y que resultan imprescindibles para conocer la verdad. Para ello procuraron por todos los medios posibles evitar que se cumpliera la ley y exigieron la consagración de excepciones sin ningún fundamento.
Estos planteos fueron rechazados por todos los jueces que los trataron, incluyendo la Cámara Nacional de Casación, el máximo tribunal penal del país. Quizás porque suponían que la Corte Suprema también los rechazaría, o por otras razones que se desconocen, Marcela y Felipe decidieron no continuar recurriendo la decisión de la justicia y acatar la orden de analizarse en el Banco Nacional de Datos Genéticos como establece la ley.
También consintieron que sus muestras queden reservadas en el Banco para ser cotejadas con familias de desaparecidos que se incorporen en el futuro, en caso de que el resultado sea negativo con las que están actualmente registradas.
La concreción de estas pruebas llevó demasiado tiempo, mucho más del que puede exigirse a personas que están llegando al final de sus vidas y continúan buscando a sus seres queridos. Aún así, las Abuelas de Plaza de Mayo se mantuvieron firmes en su reclamo y están a punto de conseguir lo que vienen reclamando desde siempre: que el Estado investigue y esclarezca la verdad.